BUENOS AIRES (NA) — A casi un año de que se registrara el primer caso de coronavirus en la Argentina, el país contabiliza más de dos millones de infectados y la cantidad de muertes supera las 50 mil personas.
En la Argentina, el primer caso de Covid-19 se dio a conocer el 3 de marzo, mientras que la primera muerte de un argentino sucedió el 7 de marzo, cuando falleció un hombre que había viajado a París y que contaba con enfermedades preexistentes que complicaron su cuadro de salud.
Pese a que un mes antes de los primeros casos las autoridades sanitarias del país, y en particular el entonces ministro Ginés González García, habían minimizado el impacto que tendría el coronavirus en la Argentina, en el corto plazo, ni bien se conocieron los primeros infectados, el Gobierno Nacional adoptó drásticas medidas sanitarias, económicas y sociales que fueron consensuadas con los gobernadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para contener la propagación del coronavirus.
Esos primeros movimientos de la dirigencia política en la llegada de la pandemia significaron un fuerte crecimiento en la imagen política de toda la dirigencia del país, en particular del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes realizaron reuniones periódicamente para analizar los impactos del Covid-19 y las distintas medidas de flexibilización que se fueron tomando.
La cuarentena obligatoria fue decretada por el Gobierno Nacional el 20 de marzo y se mantuvo estricta hasta el 26 de abril.
A partir de ese día, cada provincia, bajo la supervisión del Poder Ejecutivo, quedó facultada para salir progresivamente del aislamiento obligatorio a través de un sistema de fases, siempre asegurando el establecimiento de protocolos que garanticen el distanciamiento social y la reducción de las posibilidades de contagio.
En ese sentido, varias provincias como La Pampa, San Juan, Jujuy y Mendoza abandonaron el aislamiento extremo y flexibilizaron actividades, lo que derivó en algunos casos en un incremento fuerte de la propagación del virus.
A partir de mayo se fueron liberando distintas actividades económicas y comerciales para permitir que las empresas puedan producir y los trabajadores desarrollar sus actividades.
Aunque en los primeros meses la cantidad de casos en el país fue relativamente baja comparada con los vecinos, la situación sanitaria general se agravó con la llegada del frío y del invierno, lo que provocó que varias de las provincias que habían flexibilizado las medidas tuvieran que endurecer los controles debido al rápido aumento de casos.
A su vez, desde lo económico, el Estado Nacional tomó varias medidas de emergencia para contener la caída de los salarios, del empleo, de la producción, así como también los aumentos de precios.
Entre esas medidas se destacaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que sirvió para que los trabajadores privados cobrasen la mitad de sus salarios de parte del Estado.
También se sancionaron congelamientos de precios, de tarifas, cláusulas antidespidos e indemnizaciones dobles.
Durante el invierno, Argentina vivió un fuerte aumento de casos de coronavirus, lo que la llevó de estar entre los países con los números más bajos de contagios y muertes por millón de habitantes a colocarse en los primeros puestos a nivel mundial, superando a países como Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador en la región.
En ese momento, el diálogo fluido entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño se cortó debido a que la administración Nacional decidió podar recursos de la Ciudad para transferirlos a la Provincia, que enfrentaba un levantamiento policial por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo de la Policía Bonaerense.
Las medidas para atenuar el impacto de la crisis que generó el coronavirus se fueron reduciendo en su impacto con la llegada del verano y la apertura de la producción y el comercio.
El principal motivo de este achique en las prestaciones del Estado se debió al fuerte déficit fiscal que acumuló la administración nacional durante el 2020, ya que la mayor parte de las medidas de contención fueron financiadas exclusivamente por emisión monetaria, ya que el país no contaba con capacidad de endeudarse en el exterior.
La pandemia de coronavirus dejó hasta hoy un saldo de más de 51 mil muertes en el país y y dos millones de casos de personas infectadas.
Desde lo económico significó una caída de 12 puntos porcentuales del PBI, que se sumaron a los varios años de recesión que ya arrastraba la Argentina.
Para 2021, desde el Ministerio de Economía aseguran que habrá una tenue recuperación en orden de los 5 puntos porcentuales del PBI.
Entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, el país comenzó un proceso de vacunación, tras firmar contratos con numerosos laboratorios para comprar vacunas e inocular a la población.
La vacunación masiva fue estructurada por el Gobierno Nacional, que centralizó la compra de vacunas para distribuirlas por las jurisdicciones provinciales y municipales.
En tanto, se determinó un orden para qué las personas accedieran a las vacunas, priorizando al personal de la salud, posteriormente a los adultos mayores y luego a quienes realizan tareas esenciales como las fuerzas de seguridad y los bomberos, así como también a los docentes.
En la segunda mitad de febrero de este año, el Gobierno se vio inmiscuido en un escándalo debido a la existencia de “vacunados VIP”, esto es, personas que fueron inoculadas salteándose el orden de prioridad que decretó el mismo oficialismo.
El escándalo derivó en la salida del ministro de Salud, Ginés González García, y su reemplazo con Carla Vizzotti, quien era su número dos en la cartera, que ahora tiene el desafío de transparentar el sistema y despejar las dudas sobre la vacunación.
