BUENOS AIRES (NA) — Operadores y distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) advirtieron que el suministro de garrafas para el próximo invierno está en riesgo, a raíz de que el sector sufre una “debilidad como nunca antes”.
El aumento de los costos y su impacto en la rentabilidad de las empresas es lo que preocupa a los empresarios de la actividad, que anunciaron que se movilizarán el martes próximo, ante “la difícil situación económica que atraviesa el sector y la falta de respuesta de la Secretaría de Energía”.
Ante esta situación, comenzarán un “plan de lucha con el fin de exigir que se cumpla con la ley 26.020, reconociéndose los mayores costos del sector y una adecuada rentabilidad”, señaló la cámara empresarial Codigas.
Para los empresarios, la medida de fuerza se fundamenta después de “haberse agotado todas las instancias tendientes a encontrar una solución que nos permita seguir abasteciendo a los sectores más vulnerables del país”.
“El sector se encuentra en una seria crisis terminal, a la que ha llegado luego de un proceso inflacionario desde la creación del Programa Hogar que asciende a casi un 550% contra un reconocimiento de los costos del sector del 220%”, señaló el presidente de Codigas, Ricardo Azar.
El dirigente explicó que “este proceso sufrido durante el quinquenio 2015-2020, coloca a los asociados frente al inicio de una temporada 2021 con una debilidad como nunca antes hemos estado y que pone en peligro el suministro regular, confiable y económico al que propende la ley 26.020”.
El GLP abastece a más del 40% de los hogares del país, que son los que utilizan el gas envasado: son unos 5 millones de viviendas.
“El complejo cuadro de situación en el que nos encontramos, hace que debamos visibilizarlo y buscar alternativas que tiendan a que nuestros asociados puedan seguir desarrollando su actividad comercial por un lado y por el otro que los usuarios puedan contar con el aprovisionamiento de la energía necesaria para satisfacer sus necesidades diarias”, enfatizó la entidad empresaria.
Y advirtió que “se han tornado de cumplimiento imposible los precios del Programa Hogar”.
A través de ese Programa, el Estado Nacional otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural.
El monto mensual del subsidio es fijado por la Secretaría de Energía y abarca a no solo a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas, sino también a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país, que utilizan gas licuado envasado.
Codigas advirtió que “el proceso inflacionario y la falta de su reconocimiento en el costo de las garrafas por parte del Estado Nacional, hace imposible sostener la actividad de las pymes que conformamos el sector”.
La entidad explicó que en octubre de 2020 se actualizó “magramente” el margen para la distribución, por debajo del proceso inflacionario.
Ese reconocimiento se “diluyó”, según los empresarios, ya que debieron afrontar dos escalas del ajuste paritario del año pasado, seis aumentos de combustibles y 14,83% de inflación.
La pérdida por garrafa comercializada es de aproximadamente cien pesos más impuestos, y el retraso de las inversiones necesario para seguir comercializando la garrafa “es sideral: se requieren solamente para camiones de reparto una inversión de 2 mil millones de pesos para 2021”, alertó la Cámara.
Y aseguró que desde la Secretaría de Energía se han comprometido a trazar un sendero de precios que mitigue el desfasaje provocado desde 2015, como así también buscar una solución a la carga impositiva provincial y una alternativa de créditos blandos para el sector.
“Desde Codigas exhortamos a las autoridades a dar una urgente respuesta respecto el reconocimiento de costos, y la búsqueda de la rentabilidad para el sector, ya que peligra el abastecimiento formal de la garrafa, deslindando la responsabilidad de sus asociados en tal caso”, indicó.
