BUENOS AIRES (NA) — La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, recibió ayer un nuevo revés judicial, luego de que la Cámara de Casación Federal rechazara el planteo de prescripción de la causa por “amenazas coactivas” que pesa sobre ella tras la denuncia que inició el gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien por entonces era senador nacional.
Frente a esta situación la querella de Morales, por intermedio del abogado Luciano Rivas, dio a conocer este fallo en conferencia de prensa y públicamente requirió que el Tribunal Oral Federal de Jujuy proceda a dictar sentencia de acuerdo con lo ordenado por la Cámara de Casación Federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de la causa iniciada por el ataque perpetrado en 2009 por Sala en detrimento de Morales, entonces senador de la Nación, y de Leandro Despouy, auditor general de la Nación, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde un grupo de militantes de diferentes organizaciones sociales atacaron al ahora gobernador y a su comitiva.
Esta demanda derivó en condena por daños agravados a tres años de prisión en suspenso, instancia en la que el tribunal interviniente consideró la prescripción del delito de amenazas coactivas.
Frente a esta decisión, la querella recurrió la sentencia en la órbita de la Cámara de Casación de la Nación que, a la postre, ordenó al Tribunal Oral Federal dicte una nueva sentencia por el delito de amenazas coactivas que fue probado en juicio.
“En consecuencia, a los 3 años de condena oportunamente dictada, se deberían sumar otros 4 años más, ya que Sala es penalmente responsable de los delitos que se le imputan”, advirtió Rivas en compañía de Daniel Vivas, abogado de la querella, la cual también integra Enrique Vergara.
Asimismo, afirmó que “con el dictamen de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda confirmada que Milagro Sala no es una presa política ni mucho menos una política presa, sino que simplemente se la puede catalogar de delincuente”.
