NEUQUÉN (ED) — Luego de detectar e identificar a más de mil agentes de la administración pública que (además del sueldo del Estado) cobraban planes sociales (provinciales), el gobierno de la provincia de Neuquén inició acciones para establecer si también hubo quienes cobraron el plan Potenciar Trabajo. Los auditores ya trabajan en el cruce de información. En breve aportará datos a la investigación sobre supuestos cobros indebidos de ese programa, que se extiende por el país.
Figueroa, quien le imprimió el acelerador a sus acciones destinadas a eliminar los gastos innecesarios del Estado, terminar con privilegios e investigar las acciones fraudulentas, fue quien impartió la orden de colaborar con la investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan.
En los últimos días, el magistrado acreditó la identidad de 8.535 empleados públicos de 10 provincias (entre ellas la de Río Negro) que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. Ahora se trata de establecer si en Neuquén ocurrió lo mismo.
Para el fiscal, las maniobras en las que incurrieron los agentes que cobraron planes podría encuadrar en el delito de defraudación contra la administración pública. Pero aún se habla de presunciones y así será hasta que la causa judicial avance.
Las investigaciones pueden escalar hasta los funcionarios (por acción u omisión) y, en lo administrativo, el fraude puede ser causal de cesantía. Figueroa ya ha dicho que, además de la sanción que corresponda, se iniciarán acciones para que aquellos que perpetraron las maniobras ilícitas devuelvan el dinero mal habido.
