NEUQUÉN (ED) — El postulado de la puerta giratoria, que infinidad de ciudadanos usan para reprocharles a los jueces la celeridad con la que liberan a delincuentes (procesados o recién atrapados), encontró nuevos argumentos, durante el último tramo de marzo, en Neuquén. Es que en apenas un puñado de días se conocieron tres casos que causaron alama e indignación. Dos fueron reparados por los propios mecanismos judiciales -léase instancias superiores o de revisión- y el otro no.
El 25 de marzo se supo que efectivos de la Policía neuquina detuvieron a cuatro peligrosos delincuentes, pero un juzgado ordenó su inmediata liberación, sin contemplar si siquiera el perjuicio a la víctima ni el peligro potencial que significa el hecho de otorgarles sensación de impunidad.
Policías, que por si hace falta recordarlo ponen su cuerpo en la lucha contra el delito, demoraron a los cuatro delincuentes cuando acababan de cometer el robo calificado de un celular de alta gama a un vecino al que interceptaron y amenazaron en la calle (le advirtieron que tenían un arma) ¿Qué hizo el juzgado? los notificó y ordenó que los liberaran. Estos ataques en banda a ciudadanos se repiten en la ciudad, pero el esfuerzo policial contrasta con la actitud de ciertos magistrados.
En otro de los casos, el fiscal Manuel Islas logró que un tribunal anulara la resolución de un juez de garantías que le había otorgado prisión domiciliaria a L.E.J., uno de los cinco delincuentes acusados de haber abusado sexualmente de Silvia Cabañares, quien meses más tarde fue hallada muerta en Balsa Las Perlas. Como la Balsa corresponde a Cipolletti, el femicidio lo investiga la justicia rionegrina. Se dice que no hay vínculos entre ambos casos o elementos para sospechar que los haya.
Por pedido del fiscal, el tribunal que integran los jueces Carolina García, Juan Pablo Encina y Lucas Yancarelli, dejó sin efecto la prisión domiciliada que el juez de Garantías Gustavo Ravizzoli le había otorgado a este malandra.
En el tercer caso fue el pedido de la fiscal Natalia Rivera, la que logró que un tribunal anulara la prisión domiciliaria que le habían otorgado a un sujeto llamado Maicol Tapia, acusado del femicidio de Carina Barros Méndez, en Buta Ranquil. La chica apenas tenía 15 años.
La detención domiciliaria que le había otorgado la jueza de Garantías Leticia Lorenzo había quedado sujeta a la resolución del tribunal revisor (compuesto por los jueces Mario Tommasi, Maximiliano Bagnat y Bibiana Ojeda), que resolvió rechazarla por unanimidad. La liberación de sujetos procesados por delitos no sólo pone en riesgo la investigación sino también la seguridad de familiares o testigos, además del peligro de fuga.
