NEUQUÉN (ED) — La provincia de Neuquén mostró números de crecimiento del empleo durante los tres primeros meses del año, muy a pesar de los azotes de la escalada inflacionaria, ahora domada por el gobierno de Javier Milei. También ordenó sus cuentas, eliminó gastos innecesarios del Estado (en celulares, camionetas, etc.); al tiempo que redujo la planta política (desde diciembre hay menos funcionarios con cargos altos), otorgó la actualización salarial a los empleados públicos según el IPC y hasta adelantó el pago del aguinaldo.
El esfuerzo vino acompañado con un incremento en las partidas para áreas esenciales (Educación, Seguridad y Salud), para dar rápida respuesta a las demandas de la población. La sociedad acompaña, pero la dirigencia del gremio docente (ATEN) se empeña en oficiar de ancla contra el crecimiento de Neuquén.
Hace ya algunos meses, para evitar el impacto en los salarios de los maestros, la provincia asumió el pago -con recursos propios- del Fondo Incentivo Docente (Fonid) que interrumpió Nación. Los docentes tuvieron varios beneficios, pero aun así mantuvieron su estado de belicosidad y de protesta permanente, siempre en desmedro de los alumnos, sus familias y la sociedad toda. La gota que rebalsó el vaso, sobrevino este martes, cuando el gremio lanzó una serie de paros, marchas y protestas contra un proyecto que favorece a los maestros y que la Legislatura convirtió en ley, con 25 votos a favor y solo tres en contra.
La ley que, que impulsó el diputado Claudio Domínguez (MPN), establece el pago de un adicional para los docentes que no excedan las tres faltas trimestrales. La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda. El plus, que se calculará con los haberes en forma mensual y se liquidará trimestralmente, comenzará a abonarse en septiembre.
Uno de los que votaron en contra fue el diputado Darío Martínez, kirchnerista al igual que el secretario general de ATEN provincia, Marcelo Guagliardo. Y los otros dos fueron el diputado Daniel Blanco y la diputada Gabriela Suppicich, del Frente de Izquierda al igual que la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas y de su secretaria Gremial, Patricia Jure. La cuestión es política.
Lo que irrita al sindicalismo K y de izquierda es que la ley les quitó una herramienta de presión que tenían sobre los propios afiliados a los que obligaban (y obligan) a adherir a las medidas de fuerza. Tal es el miedo a perder sus privilegio de casta que ahora rechazan una ley que beneficia a quienes deberían defender.
Los diputados ya se expresaron en el recinto. Y la sociedad lo hizo en las redes. Guagliardo y Lagunas están más solos que nunca y se aferran a lo de siempre: los paros en los que toman de rehenes a los niños.
