NEUQUÉN (ED) — La causa por la que se investiga el presunto manejo fraudulento de recursos que el Estado provincial neuquino había destinado a programas sociales, tuvo un giro sorprendente. Se sabía que esos recursos quedaron en manos de intermediarios, también que había referentes de agrupaciones sospechados (tal es el caso de Gladys Aballay, de Libres del Sur). Lo nuevo es que se menciona a una diputada provincial; se trata de Gabriela Suppicich, del Frente de Izquierda.
La investigación que lleva adelante un equipo liderado por el jefe de los fiscales, Pablo Vignaroli, tiene la lupa sobre la Cooperativa Viento Sur, sospechada de desviar la ayuda social, que jamás llegó a las familias carenciadas.
Este lunes se dijo que esa cooperativa (integrada por organizaciones sociales) recibió 1183 millones de pesos, aportados por el Estado Provincial, a partir de un acuerdo en agosto de 2022 con el gobierno de Omar Gutiérrez. El dinero era destinado supuestamente a cursos de capacitación en oficios para los integrantes desocupados de las organizaciones sociales.
Un medio capitalino publicó que, según la denuncia, una de las supuestas beneficiadas con transferencias a cuentas del BPN es Suppicich. Se dice que recibió 13 transferencias que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el primero de noviembre de 2023, por un total de 4.726.469 pesos.
Cabe recordar que durante los allanamientos llevados a cabo por el fiscal Vignaroli el viernes 12 de julio en distintos domicilios vinculados a dirigentes y organizaciones sociales, como Libres del Sur y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de la Cooperativa Viento Sur, de la información reunida se detectaron compras de terrenos en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, y de vehículos particulares.
