
Delincuentes ligados a la RAM usaron dinero de los contribuyentes para pagarles a los abogados que los defendieron por el robo de terrenos
NEUQUÉN (ED) — Un informe oficial que se conoció durante el fin de semana deja entrever que las administraciones kirchneristas (incluida la de Alberto Fernández, que tuvo entre sus funcionarios a dirigentes del peronismo neuquino) financiaron a sujetos enrolados en la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), considerada terrorista por sus ataques a propiedades privadas y del Estado. La RAM ha perpetrado, incluso, ataques incendiarios en las provincias de la Patagonia.
Según dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), existieron serias irregularidades en los subsidios que las administraciones K les otorgaron a comunidades mapuches, con recursos de todos los argentinos, incluso de los ciudadanos que fueron víctimas de las usurpaciones de terrenos, que constituyen un delito que lamentablemente aún sigue impune en nuestro país. Hay jueces que, con sus fallos a favor de los reos, no hacen más que avalarlo.
A lo largo de los 12 años en los que dispusieron de los recursos públicos, los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, les donaron 1.200 millones de pesos a esas comunidades, según informó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj.
La pantalla fue un programa de fortalecimiento comunitario. Pero ante la falta deliberada de controles por parte del Estado, faltaron rendiciones de cuentas y no se realizaron todas las obras comprometidas. Peor aun: se asegura que delincuentes de la RAM -no hay otra forma de llamar a quienes integran una organización terrorista- usaron el dinero del Estado para pagar abogados después de ocupar terrenos.
En efecto, Avruj denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras”, que por supuesto no eran de ellas, dijo.