BUENOS AIRES (NA) — La sede del Ministerio de Defensa fue objeto ayer de un allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Rafecas con el fin de buscar evidencias sobre una eventual acción para demorar la apelación al fallo que ordena la entrega de 180 hectáreas de la Escuela Militar de Montaña por parte del Ejército, de San Carlos de Bariloche, a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
Efectivos de Prefectura Naval requisaron computadoras y documentación en el edificio Libertador en búsqueda de una supuesta orden expresa para demorar la apelación al fallo, medida que se originó por la presentación de un grupo de legisladores opositores que ven una intención gubernamental en no obstaculizar la entrega de tierras de la fuerza militar a la comunidad mapuche.
El procedimiento también se cumplió en el Estado Mayor del Ejército, sobre la calle Azopardo.
La denuncia fue presentada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Gerardo Milman, Hernán Lombardi, Francisco Sánchez, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello contra la abogada Silvia Cristina Vázquez.
Se trata de la letrada que, en representación del Ejército y el Ministerio de Defensa, presentó la apelación al fallo una vez vencido el plazo de 48 horas que marcan las normas procesales.
Vázquez integra la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado a cargo de Carlos Zanini.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa describió el trámite como “un requerimiento de información respecto a la denuncia contra la abogada de la Procuración del Tesoro, que oficia como letrada del Estado en la causa que involucra tierras bajo custodia del Ejército Argentino”.
También se señaló que “la información pedida es pública y podría haber sido solicitada por un simple oficio”.
“Ante este pedido, las áreas jurídicas del ministerio y del Ejército se pusieron a entera disposición de la Fiscalía y presentaron toda la documentación solicitada”, se aclaró.
