En Centenario tomaron dependencias municipales y en Neuquén hostigaron a un funcionario provincial. Preocupan estos casos
NEUQUÉN (ED). — La prepotencia sindical es una de las pesadas herencias con las que, lamentablemente, deben lidiarla tanto el gobierno central, como las administraciones provinciales y municipales, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Prepotencia que -durante décadas- se propagó no sólo por las maniobras extorsivas de dirigentes y activistas, sino también por la complacencia que anidó en las estructuras de gobierno hasta diciembre último. El cambio está en marcha, pero el asunto no es sencillo.
Dos episodios (en realidad, seguidillas de episodios) ocurridos aquí, en el área de la Confluencia ilustran sobradamente al respecto. Uno lo protagonizaron activistas de ATE, en Centenario. Y, el otro, dirigentes de del sindicado de los docentes ATEN aquí, en Neuquén.
En el caso de Centenario, tomaron el corralón municipal y el asunto terminó en la Justicia, con formulación de cargos (acusación formal) contra dos dirigentes gremiales a los que acusaron de entorpecer a la administración pública, lo que decantó en un perjuicio para la sociedad en su conjunto. Los sindicalistas exigen la continuidad de contratos laborales a los que la municipalidad les dio de baja. El municipio tiene la obligación de evaluar el desempeño de los contratados, cuyos sueldos son financiados con los aportes de los vecinos. Si no cumplen no hay por qué extender los contratos. Si pasan a planta permanente será prácticamente imposible expulsarlos.
En Neuquén la queja (igualmente injustificada) es otra. Con su conductora, Angélica Lagunas, a la cabeza, ATEN Capital protestó porque les descontaron los días no trabajados (o de vagancia) a las maestras que hicieron paro; también rezongó porque no les pagaron el plus salarial a los docentes que no cumplieron con la ley que establece que sólo lo cobrarán quienes no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre. El gobierno no hizo más que cumplir con su obligación de realizar una correcta administración de los recursos del Estado, pero (desde años) el activismo sindical se acostumbró a cobrar sin trabajar y ahora intenta resistir el cambio.
El asunto es que lo hace de forma violenta y arremete contra un tal Imbert (funcionario) al que acusa de los descuentos, que los propios incumplidores docentes (los que toman a los niños de rehenes) provocaron. El tal Imbert fue objeto de hostigamientos y, en un hecho insólito, lo acusaron de encerrarse en su oficina. Insólito porque se refugió para evitar el acoso que encabezó la dirigencia sindical. La prepotencia no debe pasarse por alto ni debe quedar impune, porque reclamar es una cosa y hostigar es otra muy distinta.
